El Archivo Nacional de la
Guerra Civil : Unas reflexiones

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La documentación bajo el epígrafe “Santander” del frente del Norte se deposita en 829 cajas, además del archivo personal de Bruno Alonso.

Los documentos requisados sirvieron para la represión pero también para que miles de españoles republicanos consiguieran papeles para recibir una pensión.

Un reciente acuerdo del Congreso de los Diputados promovido por Esquerra Republicana de Cataluña con el apoyo del partido en el Gobierno, insta al Ministerio de Cultura a presentar un plan inmediato para la entrega a la Generalitat de la documentación que sobre la etapa republicana y la posterior guerra civil se encuentra en el Archivo Nacional de la Guerra Civil cuya sede oficial está en la ciudad de Salamanca. La decisión ha generado o está provocando una fuerte controversia; sin embargo, las instituciones de Cantabria siguen ajenas a esta situación y como en tantos otros temas no se opina, nadie toma partido o, la ignorancia lo preside todo.

Ofrezco mi opinión al respecto que es contraria a la desmembración de este Archivo General, ya que si se llevara a cabo o, si el Gobierno de Cantabria está en sintonía y apoya el acuerdo del Congreso, estimo que habría que solicitar los fondos documentales político sociales que con el epígrafe Santander (que contiene, además, la documentación republicana y frente populista del País Vasco y Asturias) se distribuye en 839 cajas, así como el Archivo Bruno Alonso (diputado republicano en todas las legislaturas de la II República), importante documentación depositada en Salamanca. Cuenta con dos secciones: la especial o masónica y la político social, recogida en todo tipo de organizaciones republicanas.

Para una reflexión general sobre este asunto, parece oportuno hacer un poco de historia. El Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca existe como tal desde 1999, si bien fue en 1979 cuando mediante Orden del Ministerio de Cultura se creó en el Archivo Histórico Nacional la sección Guerra Civil con la finalidad de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales sobre el periodo 1936-1939 para su utilización al servicio de la investigación, la cultura, la información y como garantía de los derechos de los ciudadanos. Está formado, esencialmente, por todos los archivos requisados por las fuerzas de Franco a medida de su entrada triunfante en las ciudades y provincias, así como su progresivo enriquecimiento al sumar archivos del exilio español, entre otros el del diputado cántabro Bruno Alonso, que fuera almirante civil de la armada republicana a partir del 1 de enero de 1937. En consecuencia, en plena democracia se regula y organiza este archivo de evidente importancia para los investigadores y los ciudadanos en general.

Atendiendo las resoluciones de la UNESCO y del Consejo Internacional de Archivos, tenemos que expresar que una posible dispersión documental de los archivos de la guerra civil podría suponer una alteración grave de nuestra memoria histórica. Si se trata de un Archivo del Estado, de todos, su sede tiene que ser única con la mayor colaboración posible con las comunidades autónomas a las que, con seguridad, no se discutirá a sus Gobiernos digitalizar cuantos archivos propios tengan interés para los habitantes de su territorio. No hace falta que pruebe mi identidad con las competencias autonómicas; sin embargo, expreso mi opinión a favor de la unidad documental de cualquier archivo de carácter estatal y que sea común a todos los españoles. Y el de la Guerra Civil lo es, sin duda, no debiendo estar sometido a un peligrosa espiral de peticiones cruzadas si se entregaran a la Generalitat los fondos correspondientes a Cataluña.

Se puede entender la reclamación catalana basada en que se trata patrimonio documental de su comunidad que fue requisado por las fuerzas franquistas, como entiendo a otros colectivos y personas que reclaman cadáveres enterrados sin derecho a un descanso digno entre el sentimiento y solidaridad de los suyos; víctimas sin indemnizar y patrimonios incautados y no compensados a sus legítimos herederos. Cerrar definitivamente esa etapa es necesario para que los fantasmas no sigan acechándonos sine die. En las actuales circunstancias parlamentarias en las que el Gobierno de la nación depende de una fuerza parlamentaria catalana, podemos entender y debatir otras reivindicaciones, pero difícilmente aquella que tiene mucho que ver con la memoria histórica de todos los españoles.

No es necesario recordar –aunque se precise- que la guerra española fue entre españoles y no de España contra Cataluña. Fue una tragedia para todos y de todos, con excesos en los dos bandos, pero no es admisible que algunos la entiendan como una guerra de España contra Cataluña. La documentación generada de aquél acontecimiento corresponde por tanto a todos, porque la guerra civil fue nacional. Hecha esta reflexión, debemos barajar otros argumentos que considero son incuestionables y que enumeraré en cuatro apartados:

1). La documentación requisada por las tropas franquistas se hizo, esencialmente, para conocer con detalle quienes eran los enemigos de España en la terminología de la época. Sirvió, por tanto, para la represión post-guerra civil y su utilización nada tuvo que ver con salvar un tesoro documental, sino buscar pruebas y pistas para depurar a los antifranquistas. Consecuentemente, la documentación requisada tuvo efectos políticos y no precisamente generosos.

2). Superada la etapa franquista e instalada la democracia y una Constitución que ha generado una nueva convivencia española, toda la documentación ha tenido unos fines sociales extraordinarios. Gracias a los documentos oficiales archivados y a las certificaciones realizadas por los responsables del Archivo de Salamanca, miles de viejos republicanos o sus descendientes han podido percibir una pensión o, tramitar otras reclamaciones de acuerdo a una legislación que intenta cerrar las heridas del pasado. Esto lo conocen bien los beneficiarios y es evidente que existían muchas injusticias que solo los archivos custodiados en Salamanca han podido reparar.

3). Se trata de un Archivo Nacional con todas consecuencias, con funcionarios competentes y eficaces sometidos a un reglamento en el que se amparan todos los derechos de los investigadores y de todo ciudadano que quiera acceder a sus documentos y poseer una copia sin necesidad de desplazarse a Salamanca. De esta eficacia puedo dar fe, como he podido comprobar, de nuevo, sobre mis últimas investigaciones en relación a la propietaria del periódico El Cantábrico doña Concepción Corral que salió para el exilio mejicano en el verano de 1937 o, de los periodistas comprometidos con la República que pidieron ser evacuados en las semanas antes de la entrada de las tropas conquistadoras. Y,

4). No es tiempo para disgregar sino para convertir el Archivo Nacional de Salamanca en un gran centro sobre la guerra civil. Queda mucha documentación dispersa en otros archivos nacionales de carácter civil y militar. Un archivo constituido oficialmente hace cinco años no puede tenerlo todo, razón por la cual los responsables de Cultura tienen que conseguir enriquecer sus fondos al servicio de todos los españoles.

Aunque la polémica da para muchas reflexiones, he querido apuntar las más importantes. Es un tema transcendente también para los cántabros. Por un lado, si se respeta la sede única y la no dispersión de documentos, nada que objetar. Pero si la Generalitat se lleva lo suyo, después los vascos y más tarde los gallegos, es evidente que habría que preguntarse que interés tiene que casi un millar de cajas con documentos sobre la guerra civil en el norte se mantengan en Salamanca y no se trasladen a la capital cántabra. Pero como siempre, aquí, el silencio, que a veces se convierte en peligrosa complicidad.