Cuando Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa y pidió a la prensa en general respeto a la intimidad de sus hijas, vaticiné que no más allá del fin del verano asistiríamos a una grave violación de este deseo -mejor dicho, derecho legítimo- de quien como padre nunca ha exhibido públicamente a sus hijas, y desde este hecho reconocido pide y exige públicamente acatamiento a la ley que ampara su intimidad. El propio jefe de Gobierno ha comprobado como aquello que en su esfera familiar está tutelado se violenta y se incumple la ley que exige un consentimiento por escrito de los padres o de los representantes legales de los menores. Sin embargo, aquí no pasa nada, a pesar de que tengamos Defensores del Menor, fiscales y tribunales de justicia, cuando esta violación de intimidad se quebranta sobre menores sin que nadie ponga coto a lo más deleznable de la telebasura y de las publicaciones del morbo.

Es cierto que el presidente del Gobierno tiene una notoriedad pública extraordinaria por su condición de segundo personaje del Estado, hecho que reduce sustancialmente su derecho a la intimidad; sin embargo, este derecho es total sobre sus hijas si así lo desea explícitamente el matrimonio Zapatero. Intentar como se ha comentado en los últimos días que por su protagonismo público no adquiere tanto valor la intimidad de las menores, es desconocer la ley y quebrantar el derecho a la protección de dos niñas de ocho y diez años para quienes sus representantes legales, que son su padres, han pedido que se respete su derecho a que hagan su vida al margen de los focos mediáticos.

Este derecho –el de la intimidad de los menores- asiste, incluso, a quienes entregan su vida a la fama, todos esos personajes que viven de la popularidad y que voluntariamente hacen una transferencia de lo privado a lo público. Si estos famosos que venden sus exclusivas, trapichean con el morbo y la intimidad, deciden que sus hijos menores sean intocables en lo mediático, su derecho es también ilimitado, aunque su forma de actuar pública represente un valor negativo. Los menores, en ningún caso, pueden ser responsables de la vida de unos padres entregada al chismorreo, el chivatismo y el escándalo del que se rodean, y que significa renunciar a su privacidad al mercantilizar y negociar con ella, aunque en ocasiones estos personajes caigan en la tentación de reclamar como “privado” lo que ellos mismos venden“públicamente” (1).

Estas violaciones de derechos personales que se suceden en esta prensa del morbo y el sensacionalismo ha surgido en los últimos años en un periodismo abierto a una mayor especialización que, sin embargo, no ha profundizado en valores positivos, sino que se centra en lo que podemos denominar escándalo social. El catedrático de Ética del Periodismo de la Complutense, Francisco Vázquez –del que guardo un gratísimo recuerdo en mi paso por las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información–, sostiene que este tipo de periodismo es el más rentable y está dirigido a un público que lee poco, que sí percibe las expresivas fotografías y se entretiene hojeando los seudo-relatos autobiográficos de personajes de la fama. Es un tipo de información fraudulenta, porque no le interesan los “hechos reales” sino el sensacionalismo sobre los “acontecimientos epidérmicos y frívolos”, de embrollados affaires publicitarios, donde todo parece que vale para alcanzar más audiencia y, consiguientemente, más rendimientos publicitarios, incrementando el beneficio a costa de una audiencia que engloba también a menores, que cada día viven de más símbolos televisivos y para los que la televisión pasa a ser una escuela paralela, adquiriendo una visión televisiva del mundo y de la sociedad.

Maledicencia y sensacionalismo están presentes, en exceso, en este tipo de prensa donde el periodista profesional sin escrúpulos, o el personaje que hace de cronista social basan su criterio informativo en intereses económicos fácilmente detectables. Se ha llegado al caso de que algunos famosos –que no periodistas– de esta crónica del chismorreo acumulan sentencias condenatorias por tráfico de drogas, maltratos a la mujer y otros delitos que reflejan una personalidad que por higiene mental debiera mantenerse lejos de estos medios de comunicación con amplia audiencia. La apertura de las empresas informativas a estos personajes, refleja hasta que punto la deontología profesional se arrincona o se menosprecia, dando paso a programaciones sustentadas en la rentabilidad económica con protagonistas que ofician de espías y de celestinas que hacen un daño enorme a una noble y arriesgada profesión como la de periodista.

Por otra parte, resulta imposible pedir que cuiden las palabras quienes como hampones se dedican a estas actividades en los programas del morbo y el sensacionalismo. No son periodistas, y por tanto no entienden de ética y deontología, aunque estos valores positivos no sean respetados frecuentemente por algunos que si lo son. Precisamente cuidar las palabras es un deber ético, de primer orden, en una sociedad muchas veces manipulada por los medios de masas, estando en alza en estos programas las palabras violentas o las descalificaciones soeces y vulgares, hasta el punto de que con la irrupción de personajes que saben que su éxito es proporcional a la falta de ética, o a su pasado de delincuente o maltratador, emplean un vocabulario que desborda todos los límites de lo tolerable y lo lícito. Sin duda que el provocador de la violencia verbal está negando su condición de ciudadano, además de erigirse en representante de un hipermoralismo a su medida, que administra arbitrariamente para los demás.

Dejando el tema de la intimidad reconocida a los menores, no discutiremos que armonizar el ejercicio del derecho fundamental de libre opinión, información y comunicación en sus diversas dimensiones, con el derecho, también fundamental de respeto a la dignidad, y más en concreto, a la intimidad de cualquier persona, es algo así, en el orden jurídico, como el mítico afán de la “cuadratura del círculo” en lo geométrico, o, si se prefiere, una hermosa aspiración, huidiza y difícilmente realizable. En realidad, basta con asomarse a la creciente bibliografía científica sobre el problema, y la ondulante interpretación jurisprudencial sobre múltiples caso concretos.

En este campo la jurisprudencia española camina, si bien en ocasiones con algunas lecturas restrictivas, hacia criterios progresivos que tienden a proteger en el mayor grado posible la libertad de información y de comunicación, pero sin dejar de tutelar la intimidad de las personas individuales o de colectivos. Y es aquí, en el caso de personas de notoriedad pública, donde se aprecia una emergente prevalencia del ámbito de la libertad de expresión frente a la tutela del honor y de la imagen, aunque salvando con gradualidad el respeto a la intimidad según las circunstancias de cada caso concreto. Un tema, resumiendo, de gran interés y que merece múltiples reflexiones a favor y en contra.

(1). De la obra del catedrático de Periodismo de la Complutense, Francisco Vázquez Fernández, Ética y Deontología de la Información, pp. 250-51. Editorial Paraninfo 1991.