Responsabilidades políticas en el caso Astorquia / y 2

La dimisión de Revilla, un gesto ético necesario.

Planteaba ayer en mi artículo con el título Caso Astorquia: depurar las responsabilidades políticas, las consecuencias del expediente que en 1995 se abrió por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Obras Públicas, al entonces jefe del servicio hidráulico de la Comunidad Autónoma. Resumiré que aquél expediente no fue interno o reservado, sino que alcanzó una amplia repercusión en la prensa a través de un fuerte impulso mediático forzado por el Gobierno de Cantabria con el fin de demostrar, solo tres meses después de acceder al poder, que estaban actuando duramente y sin contemplaciones contra los corruptos. Astorquia fue despojado de su puesto funcionarial y expulsado de la Administración, emprendiendo, por su parte, acciones judiciales que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como ahora el Tribunal Supremo, ampararon su demanda, quedando claro que el Gobierno cántabro no procedió, en el proceso abierto, con estricto sometimiento a Derecho. Astorquia, aún siendo joven, falleció hace un año, hundido psíquicamente por la condena moral a la que se le sometió, según afirman sus amigos y allegados.

Es evidente que tras las sentencias contrarias al Gobierno y, sobre todo, para el vicepresidente y consejero Sr. Revilla en este asunto público, las reflexiones no deben ser únicamente las jurídicas –que han quedado claras y de manifiesto en ambas sentencias- sino que hay que trasladar el asunto a la responsabilidad política. Y en este campo de las responsabilidades políticas, la única petición que cabe hacer al Sr. Revilla es la que le demanda dar ejemplo, asuma todo su pasado del que, con seguridad, se sentirá legítimamente orgulloso cuando reclamaba ética a los demás y, presente la dimisión. Es lo justo y lo que corresponde a un político que ha desplegado toda su acción, cuando ocupaba el puesto de diputado y líder de su partido en el Parlamento, en denunciar a todos los gobernantes por presuntas corrupciones y marcar, con ello, su distancia –teórica, ficticia o real- de las prácticas inmorales.

Estas situaciones tan atípicas y de efectos tan perniciosos como el caso que comentamos, resquebrajan gravemente la credibilidad de un Gobierno y de sus responsables, ante las cuales los gobernantes implicados tienen que plantearse la misma salida que ellos exigirían a sus adversarios en el caso de estar en la oposición. Ese camino es el de la dimisión ética, asumiendo una responsabilidad que existe y que no es inventada. Ahí están las sentencias del alto tribunal de Cantabria y del Supremo; en la memoria está el deshaucio personal al que se sometió el mismo afectado al verse condenado –sin juicio y sin sentencia por los tribunales- por algunos medios de comunicación que sirvieron de altavoz gubernamental para anunciar el escarmiento a los corruptos que garantizaban los adalides de las nuevas cruzadas inquisitoriales.

Al hilo del relato podríamos entender que el consejero actuó con prudencia y que alguien de su entorno filtró la noticia provocando los efectos tan dramáticos en el que desembocó este caso y que, en efecto, se cometieron daños a la imagen, al prestigio personal, etcétera. Pero aquí todos sabemos –y las hemerotecas con los archivos de los periódicos así lo confirman- que no se respetó el derecho a la presunción de inocencia y a una tramitación discreta del expediente; por el contrario, se movilizó toda la propaganda gubernamental para ofrecer una imagen firme y comprometida de nueva moral y nueva ética contra la corrupción que, desde luego, el tiempo ha demostrado que era falsa y oportunista. Se trata –no se olvide- del mismo Gobierno y el mismo consejero de Obras Públicas, que han visto como muchas de sus decisiones urbanísticas sobre recalificaciones de suelo han sido anuladas por los Tribunales de Justicia competentes, precisamente, en un campo económico en el que el Sr. Revilla siempre denunció la existencia de grandes intereses, mafias y corruptelas; ejemplo también de reformados o de incrementos cuantiosos de las obras sobre los precios en los que se adjudicaron.

Ya sabemos que el señor Revilla no dimitirá porque en estos años nos ha demostrado su fuerte apego al poder. Pero hace bien la oposición en el Parlamento de Cantabria plantear la reprobación del Gobierno y de cuántos alentaron, sin ajustarse a Derecho, aquél expediente de despido finalmente ejecutado contra el entonces jefe del servicio hidráulico, ya que las consecuencias finalmente fueron trágicas. No es posible resarcir el daño con una indemnización, porque las consecuencias son irreparables, pero también porque el desprestigio que acumuló Astorquia desde 1995 hasta su muerte, difícilmente se transformará en la reposición del honor y la dignidad que merece una persona que finalmente ha sido declarada inocente o no culpable.

No se cuando se votará la reprobación, pero la fuerza de los votos de una mayoría muy absoluta respaldará parlamentariamente que Revilla no asuma la única salida ética exigible, como es la dimisión. Aquí no es la fuerza de los votos la que impone la decisión; es la conciencia y la grandeza de saber asumir, en su momento, la responsabilidad política. Es curioso, pero hoy un buen número de diputados del partido coaligado con el del Sr. Revilla se sentirán satisfechos con estas reflexiones –lo que no es mi intención- que plantean públicamente a don Miguel Angel Revilla Roiz su dimisión como vicepresidente y consejero del Gobierno de Cantabria. Son los que sin el menor atisbo de duda votarán en contra de la reprobación y se harán co-responsables de un grave escarnio contra una persona que hace tiempo ya no tiene oportunidad de defenderse y alzar su voz gritando que le destrozaron su presunción de inocencia y también la vida. Porque, reitero, no estamos ante unos gobernantes que se equivocaron jurídicamente, que sería aceptable y entra dentro de lo posible, sino que para engrandecerse políticamente en beneficio personal con unos titulares periodísticos que mostraban una supuesta voluntad contra la corrupción y frente al pasado, cometieron un gravísimo error político. Solo reforzaremos la normalidad institucional –la gran conquista que se apuntan nuestros gobernantes- si asumen aquél grave dislate con la dimisión de quién alentó un lamentable suceso –único hasta ahora en la historia de nuestra autonomía- en la Administración pública cántabra.

Por cierto, para que los lectores tengan todas las claves de las reflexiones de ayer y de hoy, confieso que conocí a don Luis Astorquia con motivo de mi presencia en el primer Gobierno de Cantabria (1982), año en el que Astorquia ya había cumplido diez años como funcionario. Recuerdo que defendí en el seno del Ejecutivo que presidió José Antonio Rodríguez Martínez al entonces consejero de Obras Públicas, don Tomás Fernández Fernández, para que no aceptara las presiones de un grupo de diputados que propusieron a Astorquia para el puesto de director general de Obras Hidráulicas. Entendí, entonces, que era exigible que se respetara la propuesta del titular del departamento. Mi postura a favor de Tomás Fernández marcó negativamente nuestras relaciones futuras, que fueron siempre frías y distantes. Cuando por responsabilidades comunes nos reunimos para solucionar algún problema de su servicio, siempre demostró su competencia y celo profesional.

Esta reflexión final me aconseja que pregunte donde están los amigos políticos de Astorquia ya que su silencio pone de manifiesto o el miedo al poder que existe en Cantabria, lo que de ser así significaría un hecho, sin duda, vergonzante o, que solo eran amigos interesados de un alto funcionario que desde ese poder de un servicio tan influyente como el hidráulico solucionó, en ocasiones desde un determinado amiguismo, problemas de abastecimientos de aguas, lo que significaba mucho para un alcalde en tiempos de escasos presupuestos o, en vísperas de elecciones. Pero esa actitud no condenaba a Astorquia, siendo habitual como es en todas las Administraciones ya que como funcionario, en la situación actual de graves insuficiencias en la política hidráulica en Cantabria -precisamente competencia del departamento de Revilla-, su eficacia habría sido muy aprovechable. Es todo.

ALERTA 27/1/2002