Caso Astorquia:Depurar responsabilidades políticas/1

		Caso Astorquia: Depurar responsabilidades políticas /1
El Tribunal Supremo ha sentenciado que la expulsión de la Administración del que fuera jefe del servicio hidráulico, por faltas supuestamente muy graves, fue contraria a Derecho, quedando anulada a todos los efectos. - Luis Astorquia –fallecido hace un año- no ha podido disfrutar de esta sentencia, cuando familiares y amigos confirman que los efectos del desprecio a la presunción de inocencia le provocaron un desahucio personal.		Hace escasas fechas se ha conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Gobierno de Cantabria que ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del año 1997, que anuló la decisión del Ejecutivo cántabro, a propuesta de su vicepresidente, señor Revilla, de expulsar de la Administración Autonómica a quién había sido jefe del servicio hidráulico por oposición desde los tiempos de Diputación provincial, servicios que también ejerció y desarrolló con todos los gobiernos de la Comunidad Autónoma. La decisión del Tribunal Supremo ha considerado que aquél expediente abierto, alentado y dirigido por el Gobierno de Cantabria, fue contrario a Derecho, anulando la resolución de expulsión de don Luis Astorquia Hevia de su puesto funcionarial, cuando a sus cuarenta y nueve años estaba en plenitud de conocimientos profesionales y técnicos sobre su competencia. Es evidente que un caso como el que valoramos deja secuelas importantes, en este caso las más graves, ya que de todos es conocido que don Luis Astorquia quedó profundamente afectado por su expulsión del puesto de trabajo y no se repuso, en ningún momento, de lo que para él significó un descrédito personal de consecuencias finalmente trágicas. No es un secreto que Astorquia se sintió condenado sin ser escuchado, como también –para quienes le arroparon en aquellos momentos- se vio desahuciado al presentir que cuando llegara la posible reparación de la justicia, quizás sería demasiado tarde. La situación afectó a su familia y Astorquia no tuvo la fortaleza necesaria para afrontar la persecución de la que se sintió objeto y, progresivamente, cada vez más aislado, se entregó o no evitó su profundo deterioro físico y psíquico. Ahora, la sentencia del Supremo llega demasiado tarde, porque el ex-jefe del servicio hidráulico de la Consejería de Obras Públicas falleció hace poco más de un año. Quienes han seguido con más detalle este caso, son conocedores de que tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el consuelo moral solo alcanza, en parte, a su familia y amigos, los pocos que le quedaron, ya que éstos fueron callando y abandonándole poco a poco, aún cuando desde la distancia que mantuve con Astorquia como alto cargo funcionarial de la Comunidad Autónoma, reconozco que ayudó siempre a amigos que ostentaban cargos públicos, resolviendo con eficacia –justo es reconocerlo- muchos problemas de abastecimiento de aguas a pueblos y municipios, ya que Astorquia fue –no es sólo opinión personal- un ingeniero competente. Conocidos los resultados trágicos generados por un expediente irregular y, sobre todo, ejecutado sin las exigibles garantías que en derecho hay que reconocer a la persona que se la imputa acciones delictivas, tal y como queda reflejado en la reciente resolución del Tribunal Supremo, nos preguntamos si los gobernantes cántabros –especialmente el titular de Obras Públicas- han pedido disculpas a la familia del alto funcionario condenado a la expulsión de su puesto de trabajo (sin juicio) por un contexto mediático forzado y alimentado desde las áreas del Gobierno, como una demostración de que los nuevos gobernantes –solo tres meses después de acceder al poder- comenzaban su gestión aplicando medidas ejemplarizantes contra los funcionarios y otros responsables de presuntas conductas no éticas. En los comunicados del Gobierno a la prensa sobre la sentencia no consta, por el momento, ese perdón que como gesto moral y humanista los gobernantes de Cantabria debieran plantear, a mi juicio, a la familia del funcionario exculpado. ¿Se imaginan que otro gobernante –el que tienen in mente- fuera el responsable de tan reprobable actitud, como la demostrada por el Gobierno de Cantabria en este asunto?. ¿Imaginan los términos en que se habría expresado el señor Revilla ante tal situación?. Mejor, pasemos página.		El 19 de octubre de 1995, primer día en el que apareció en los medios de comunicación de Cantabria la denuncia contra Astorquia, el jefe del servicio hidráulico ya apareció como un condenado sin derecho a ser escuchado. Con gran despliegue informativo y con claros intereses políticos, para los justicieros de Astorquia poco importó, en aquél contexto, el daño moral y humano a la persona cuestionada; así, se procedió al precintado, ante una premeditada convocatoria de periódicos, radios y televisiones, del despacho del jefe del servicio hidráulico –competencia al alcance, únicamente, del poder judicial- continuado de un llamamiento del señor Revilla pidiendo "valentía" a los empresarios e invitándoles a denunciar posibles extorsiones. El vicepresidente-consejero aclaró lo del precintado como intento para evitar la fuga de documentación (¿dónde están las pruebas, si es que existieron?) y el presidente Martinez Sieso declaraba -como está escrito- que "en este asunto se cumplirán todos los trámites legales y se respetará escrupulosamente la ley". Es evidente que el señor presidente no garantizó su compromiso, si tenemos en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia, primero, y el Supremo, finalmente, han sentenciado que ni se cumplieron los trámites legales, ni se respetó el imperio de la ley. Tampoco acertó el señor presidente cuando afirmó (pág. 3 DM de 21 de octubre de 1995) refiriéndose al caso Astorquia que "nosotros nos fijamos como uno de los grandes objetivos del Gobierno la lucha contra la corrupción y estamos dispuestos a avanzar por este camino". Reflexionando sobre esta afirmación, los ciudadanos aún esperamos que el Gobierno Sieso-Revilla ponga encima de la mesa los casos de corrupción que se hayan detectados, investigados y depurados en los últimos siete años. No encontramos. Existirán, es probable, como ocurre en otras Administraciones, pero el celo anunciado y prometido por nuestros gobernantes contra la corrupción no ha sido suficiente a la vista de los nulos resultados. Esta es la base para que afirmemos que el caso Astorquia fue, sobre todo, una campaña de propaganda política de quienes se presentaron ante la ciudadanía como nuestros salvadores y adalides de la honradez y látigo de los corruptos. Sin embargo, los perjuicios son gravísimos. Luis Astorquia ya no vive para ser reintegrado al puesto que le fue expropiado. Nadie, al día de hoy, ha pedido disculpas a su familia, lo que permite afirmar que el responsable o responsables no tienen la grandeza y el señorío de saber pedir perdón, cuando en este caso las pruebas sobre como se procedió y como se juzgó y sentenció desde los medios de comunicación por impulsos torticeros del Gobierno, ponen de manifiesto un claro atropello a lo jurídico para obtener un beneficio político o, también, el mundo del derecho y el imperio de la ley se subordinó a la obtención de unos titulares de prensa (¡vaya mezquindad!), aspectos éstos que exigen la demanda inequívoca de responsabilidades políticas. ALERTA 26/1/2002

Caso Astorquia: Depurar responsabilidades políticas /1

El Tribunal Supremo ha sentenciado que la expulsión de la Administración del que fuera jefe del servicio hidráulico, por faltas supuestamente muy graves, fue contraria a Derecho, quedando anulada a todos los efectos.

- Luis Astorquia –fallecido hace un año- no ha podido disfrutar de esta sentencia, cuando familiares y amigos confirman que los efectos del desprecio a la presunción de inocencia le provocaron un desahucio personal.

Hace escasas fechas se ha conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Gobierno de Cantabria que ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del año 1997, que anuló la decisión del Ejecutivo cántabro, a propuesta de su vicepresidente, señor Revilla, de expulsar de la Administración Autonómica a quién había sido jefe del servicio hidráulico por oposición desde los tiempos de Diputación provincial, servicios que también ejerció y desarrolló con todos los gobiernos de la Comunidad Autónoma. La decisión del Tribunal Supremo ha considerado que aquél expediente abierto, alentado y dirigido por el Gobierno de Cantabria, fue contrario a Derecho, anulando la resolución de expulsión de don Luis Astorquia Hevia de su puesto funcionarial, cuando a sus cuarenta y nueve años estaba en plenitud de conocimientos profesionales y técnicos sobre su competencia.

Es evidente que un caso como el que valoramos deja secuelas importantes, en este caso las más graves, ya que de todos es conocido que don Luis Astorquia quedó profundamente afectado por su expulsión del puesto de trabajo y no se repuso, en ningún momento, de lo que para él significó un descrédito personal de consecuencias finalmente trágicas. No es un secreto que Astorquia se sintió condenado sin ser escuchado, como también –para quienes le arroparon en aquellos momentos- se vio desahuciado al presentir que cuando llegara la posible reparación de la justicia, quizás sería demasiado tarde. La situación afectó a su familia y Astorquia no tuvo la fortaleza necesaria para afrontar la persecución de la que se sintió objeto y, progresivamente, cada vez más aislado, se entregó o no evitó su profundo deterioro físico y psíquico. Ahora, la sentencia del Supremo llega demasiado tarde, porque el ex-jefe del servicio hidráulico de la Consejería de Obras Públicas falleció hace poco más de un año.

Quienes han seguido con más detalle este caso, son conocedores de que tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el consuelo moral solo alcanza, en parte, a su familia y amigos, los pocos que le quedaron, ya que éstos fueron callando y abandonándole poco a poco, aún cuando desde la distancia que mantuve con Astorquia como alto cargo funcionarial de la Comunidad Autónoma, reconozco que ayudó siempre a amigos que ostentaban cargos públicos, resolviendo con eficacia –justo es reconocerlo- muchos problemas de abastecimiento de aguas a pueblos y municipios, ya que Astorquia fue –no es sólo opinión personal- un ingeniero competente.

Conocidos los resultados trágicos generados por un expediente irregular y, sobre todo, ejecutado sin las exigibles garantías que en derecho hay que reconocer a la persona que se la imputa acciones delictivas, tal y como queda reflejado en la reciente resolución del Tribunal Supremo, nos preguntamos si los gobernantes cántabros –especialmente el titular de Obras Públicas- han pedido disculpas a la familia del alto funcionario condenado a la expulsión de su puesto de trabajo (sin juicio) por un contexto mediático forzado y alimentado desde las áreas del Gobierno, como una demostración de que los nuevos gobernantes –solo tres meses después de acceder al poder- comenzaban su gestión aplicando medidas ejemplarizantes contra los funcionarios y otros responsables de presuntas conductas no éticas. En los comunicados del Gobierno a la prensa sobre la sentencia no consta, por el momento, ese perdón que como gesto moral y humanista los gobernantes de Cantabria debieran plantear, a mi juicio, a la familia del funcionario exculpado. ¿Se imaginan que otro gobernante –el que tienen in mente- fuera el responsable de tan reprobable actitud, como la demostrada por el Gobierno de Cantabria en este asunto?. ¿Imaginan los términos en que se habría expresado el señor Revilla ante tal situación?. Mejor, pasemos página.

El 19 de octubre de 1995, primer día en el que apareció en los medios de comunicación de Cantabria la denuncia contra Astorquia, el jefe del servicio hidráulico ya apareció como un condenado sin derecho a ser escuchado. Con gran despliegue informativo y con claros intereses políticos, para los justicieros de Astorquia poco importó, en aquél contexto, el daño moral y humano a la persona cuestionada; así, se procedió al precintado, ante una premeditada convocatoria de periódicos, radios y televisiones, del despacho del jefe del servicio hidráulico –competencia al alcance, únicamente, del poder judicial- continuado de un llamamiento del señor Revilla pidiendo "valentía" a los empresarios e invitándoles a denunciar posibles extorsiones. El vicepresidente-consejero aclaró lo del precintado como intento para evitar la fuga de documentación (¿dónde están las pruebas, si es que existieron?) y el presidente Martinez Sieso declaraba -como está escrito- que "en este asunto se cumplirán todos los trámites legales y se respetará escrupulosamente la ley". Es evidente que el señor presidente no garantizó su compromiso, si tenemos en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia, primero, y el Supremo, finalmente, han sentenciado que ni se cumplieron los trámites legales, ni se respetó el imperio de la ley.

Tampoco acertó el señor presidente cuando afirmó (pág. 3 DM de 21 de octubre de 1995) refiriéndose al caso Astorquia que "nosotros nos fijamos como uno de los grandes objetivos del Gobierno la lucha contra la corrupción y estamos dispuestos a avanzar por este camino". Reflexionando sobre esta afirmación, los ciudadanos aún esperamos que el Gobierno Sieso-Revilla ponga encima de la mesa los casos de corrupción que se hayan detectados, investigados y depurados en los últimos siete años. No encontramos. Existirán, es probable, como ocurre en otras Administraciones, pero el celo anunciado y prometido por nuestros gobernantes contra la corrupción no ha sido suficiente a la vista de los nulos resultados.

Esta es la base para que afirmemos que el caso Astorquia fue, sobre todo, una campaña de propaganda política de quienes se presentaron ante la ciudadanía como nuestros salvadores y adalides de la honradez y látigo de los corruptos. Sin embargo, los perjuicios son gravísimos. Luis Astorquia ya no vive para ser reintegrado al puesto que le fue expropiado. Nadie, al día de hoy, ha pedido disculpas a su familia, lo que permite afirmar que el responsable o responsables no tienen la grandeza y el señorío de saber pedir perdón, cuando en este caso las pruebas sobre como se procedió y como se juzgó y sentenció desde los medios de comunicación por impulsos torticeros del Gobierno, ponen de manifiesto un claro atropello a lo jurídico para obtener un beneficio político o, también, el mundo del derecho y el imperio de la ley se subordinó a la obtención de unos titulares de prensa (¡vaya mezquindad!), aspectos éstos que exigen la demanda inequívoca de responsabilidades políticas.

ALERTA 26/1/2002