Cajas de Ahorros: cabalga el "caballo de Troya/1"

En los últimos cinco años he escrito una docena de artículos sobre el presente y futuro de las Cajas de Ahorros en España, algunos de los cuales pueden consultarse en mi página web, además de la organización de unas jornadas nacionales sobre las Cajas ante el Tercer Milenio en las que participaron expertos de primera fila.  Muchos de los temores que he expuesto  -en reflexiones inéditas aquí en Cantabria- se confirmarán en un plazo de tan solo unos meses cuando las Cortes Generales aprueben la ley financiera, que  incluye en el proyecto ya aprobado por el Congreso de los Diputados –y solo pendiente del trámite del Senado- propuestas que significan una amenaza real y definitiva para las cajas y, sobre todo, para las pequeñas y medianas: por un lado, la eliminación del principio que impedía la fusión o absorción entre cajas de distintas Comunidades Autónomas y, por otro, la aprobación de las cuotas participativas que aunque se afirme, por sus defensores, que es para fortalecer las cajas con la captación de nuevos recursos, en el fondo de la propuesta en la que el Partido Popular lleva la iniciativa y el PSOE finalmente irá de acompañante, se esconde un interés en privatizarlas a unos años vista, entregando  a la gran banca el patrimonio más codiciado que representa, nada menos, que el 52 por ciento del sistema financiero español. 

Las cajas españolas han iniciado el cuarto siglo de su existencia con un horizonte cargado de incertidumbres. Por un lado, la nueva regulación estatal que va a articular las cuotas participativas que sin derechos políticos –en su primera fase-  nadie duda que en unos años presionarán para lograrlos y, de esta manera, decidir la propiedad de las centenarias entidades del ahorro popular; por otro,  la nueva ley de Cajas de Cantabria ha entrado en vigor ayer y dentro de unos meses deberá ser modificada por mandato de las Cortes Generales para incluir las nuevas normas básicas, coyuntura que coincide con la  imposición, aquí en Cantabria, de una ley que empaña la imagen de la propia Caja al impedir los partidos parlamentarios PP, PSOE y PRC un avance en principios –hoy defendidos en todas las altas instancias financieras- como los de profesionalidad e independencia, hecho que se pone claramente de manifiesto en la distribución de los porcentajes de los distintos grupos: los impositores, con un veinticinco por ciento del total de la Asamblea General,  cuentan con una representación que no tiene peso alguno frente a la presencia política directa (cincuenta por ciento) más la sugerida (dieciséis por ciento) ya que para este grupo de entidades la propuesta debe surgir del Parlamento (partidos políticos) por una mayoría de dos tercios,  quorum especial que se fija a los solos efectos de imponer un consenso entre partidos para el reparto de este grupo de consejeros. 

En el desarrollo del trámite para la aprobación de la ley de Cajas de Cantabria no se ha expresado, por ningún grupo parlamentario, el significado de que a pocos meses vista se alteren dos principios básicos –cuotas y eliminación del principio “una caja por autonmomía”- que supondrán, además,  la desnaturalización de la ley recientemente aprobada y, por tanto, la introducción de efectos perturbadores, desasosiego y peligro para una Caja mediana como la de Cantabria. Con la entrada de capital extraño en las cuotas participativas, los grandes intereses tomarán posiciones para cuando llegue el momento iniciar el asalto final, siendo las cajas, sobre todo las de tamaño como la cántabra, el gran bocado apetecible tanto para otras cajas que actúan ya como bancos o, para los grandes grupos bancarios. La eliminación, además, de las fronteras autonómicas para los intentos o propuestas  de fusión o absorción entre cajas, pondrá de manifiesto que el guiso político entre el PP y el PSOE está listo para imponer en un horizonte de unos pocos años, mientras que el PRC, cómplice en el silencio, asiste a este debate solo preocupado por algunos intereses económicos que se desprendan del pacto y acentuar su clientelismo político, gracias al que sobrevive electoralmente. 

Sorprende, no obstante, que el responsable de economía del PSOE, señor Sevilla, declare estos días que las cuotas participativas representan el “caballo de Troya” para la privatización de las Cajas. No entiendo que haya intuido, de repente, esta seria amenaza que se cierne sobre las cajas, cuando la propuesta ya está aprobada por el Congreso de los Diputados; por el contrario, más bien parece una declaración “maquillaje” sobre el escarnio que preparan –unos y otros- contra unas cajas que poco a poco serán expoliadas, perdiendo la sociedad un patrimonio heredado de tiempos pasados que fueron enriqueciendo y acumulando gracias al prestigio de estas entidades y que han representado una cierta clave en el progreso de las familias menos pudientes, pequeños empresarios y autónomos. Este responsable socialista es el mismo que recientemente ha organizado un debate con el atractivo título de “Las Cajas de Ahorros de la Ciudadanía” y, sin embargo, allá donde mandan o, donde no lo hacen pero alcanzan acuerdos, su estrategia pasa por imponer un fuerte peso de la representación política –como han hecho en Cantabria- para mantener un férreo control de unas cajas que tradicionalmente han sido más grandes cuando más independientes fueron. 

 Solo los ignorantes pueden ser inconscientes sobre lo que acecha a Cantabria y a una entidad como la Caja en un horizonte de unos cuantos años, cuando es vital para el desarrollo económico y cultural de la comunidad cántabra. Sin embargo, a los redactores y promotores del consenso de la ley de Cajas de Cantabria habrá que atribuirles, al menos, saber que es lo que hacen, intuir los retos e inquietudes de estas entidades y desde estos conocimientos –si es que de verdad los poseen-, alertar sobre lo que viene, salvo que no tengan independencia, sean domésticos de otros poderes o, finalmente, solo se muevan por intereses personales y de partido que puedan ser un tanto inconfesables. En consecuencia, ya cabalga el “caballo de Troya” y, como siempre, contra los más débiles.

 

Discursos vacíos, reivindicaciones municipalistas El Día de las Instituciones ofreció lo que viene siendo habitual en los últimos años: discursos vacíos, sin contenido relevante, escasos de fuerza y convicción en la necesaria defensa de la identidad de Cantabria, que sufre una grave dejacción institucional, aún cuando da soporte a nuestro rango de Comunidad Histórica. Pero siendo esto grave, lo es más el hecho que desde el Gobierno de Cantabria se esté traicionando un principio básico de un autogobierno: la eficiencia en la gestión. Este dato es suficiente. Con la denostada Matilde Fernández como ministra de Asuntos Sociales, las subvenciones sociales se comenzaron a abonar dentro de los tres meses siguientes a la justificación de los gastos. En Cantabria, el retraso alcanza a casi un año, lo que hace un daño inmenso a las organizaciones y colectivos sociales. Además, sin previo aviso, a algunas de estas asociaciones se las ha reducido tan drásticamente las subvenciones que están en trance de desaparición, caso de la de los Sordos de Cantabria que durante más de treinta años ha realizado una extraordinaria labor. Sirva este detalle para entender el gran fiasco de la Administración autonómica.  Merece resaltarse, no obstante, el discurso del alcalde de Penagos en la Casa de Juntas de Puente San Miguel. Se quejó, con razón, que mientras su Ayuntamiento y vecinos están peleando contra las redes de alta tensión, con motivo de la última sentencia, recientemente ratificada por el Supremo, el Gobierno de Cantabria se posicionó a favor de los grandes monopolios eléctricos, que en ocasiones como la presente aplastan las legítimas aspiraciones de los pueblos a defender un derecho constitucional como el de la salud. En Asturias, por ejemplo, el gobierno asturiano está actuando de otra manera y ha logrado que, al menos, estas compañías se comprometan a aportar compensaciones económicas y a soterrar los tendidos. Tiene razón el alcalde de Penagos cuando denuncia que precisamente con  autonomía y un poder cántabro que surge de nuestro pueblo, el gobierno Sieso-Revilla abandona a su suerte los intereses de una comunidad municipal y se posiciona a favor de los de siempre, en este caso una parte del gran monopolio eléctrico.

 ALERTA 3/08/2002