Independencia y profesionalidad de las Cajas de Ahorros 3/

Los procesos de concentración están generando nuevos problemas, cada vez más serios, como las dificultades que encuentran las familias de escasos recursos o minorías étnicas para acceder a un crédito de vivienda. En España esta situación se evitará mientras existan las cajas de ahorros, que en los últimos años vienen concediendo más del 50 por ciento del crédito hipotecario.

La profesionalidad se mide por los resultados, siendo un nuevo riesgo que los gobiernos de las comunidades autónomas pretenden utilizar las cajas como bancos públicos regionales y, a sus obras sociales como equilibradoras de sus insuficiencias presupuestarias para objetivos políticos.

El tema de las Cajas de Ahorros está de actualidad a raíz de la nueva reforma que se está anunciando y que busca una importante reducción del peso político en los órganos de gobierno, una mayor defensa de la profesionalidad en las decisiones y una llamada explícita a que los miembros de sus consejos de administración sean conscientes de sus responsabilidades a la hora de gestionar fondos de terceros. El ministro de Hacienda, el gobernador del Banco de España y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), han coincidido en los últimos días en una serie de reflexiones de gran interés que marcan las líneas generales de la reforma anunciada, que será bienvenida en función de que garantiza una cuestión clave y que en ocasiones hemos tenido la oportunidad de defender como principio irrenunciable: el derecho de las Cajas a seguir operando como entidades sin ánimo de lucro, que es también el derecho de las familias a contar con estas entidades que garantizan en España una redistribución justa del crédito, al impedir los grandes monopolios bancarios.

Para marcar unas reflexiones sobre la reforma que se está anunciando, tenemos que valorar los últimos datos de las Cajas que nos dan una idea sobre su fuerza y protagonismo en la sociedad española de comienzos del siglo XXI: cuentan con algo más de 40 billones de pesetas de depósitos, tienen la confianza de más de treinta millones de españoles con un total de 44 millones de cuentas y se expanden por todo el territorio nacional con casi 18.000 oficinas y más de 22.000 cajeros automáticos.

Una buena parte de las cajas surgieron en los finales del siglo XIX y comienzos del actual, con el fin de prestar auxilio a las clases más necesitadas. Acudiendo al ejemplo cántabro, la Caja o Monte de Piedad nace gracias a una combinación de varios factores: el donativo de un industrial (don Modesto Tapia Caballero); la vocación social de un gobernador civil (don Francisco Rivas Moreno) y la necesidad de dar respuestas a la gran depresión del 98 que en Cantabria fue más aguda al paralizarse toda la actividad de su puerto. En la entonces provincia de Santander existían en 1898 un centenar de establecimientos denominados "de usura", que aprovechándose de muchas necesidades generaban, con frecuencia, situaciones de miseria familiar. Esta estructura usurera vio amenazada seriamente su existencia con la fundación del Monte de Piedad, cuya primera medida fue establecer un tope del seis por ciento anual de interés, cuando en las casas de usura los intereses alcanzaban porcentajes nunca inferiores al cien por cien, mientras que los bancos existentes operaban únicamente con la sociedad más privilegiada.

Aunque se van a cumplir próximamente tres siglos de la fundación del primer Monte de Piedad en España, las cajas siguen teniendo una dimensión popular que se percibe especialmente en su vinculación al territorio y su presencia en la gran mayoría de los municipios de la comunidad con la que se comprometen, lo que no ocurre con otras entidades que fijan su presencia en aras de unos determinados ratios de rentabilidad. Las familias que viven en pequeños municipios y localidades de España, tienen gracias a las cajas una oficina en la que realizar sus operaciones y guardar sus ahorros. Este dato tiene su importancia para miles de familias que viven en la España rural y, en ocasiones, marginadas en cuanto a habitat de vida y servicios. Las cajas fieles a su compromiso fundacional han realizado esfuerzos importantes para estar donde no llegan los servicios financieros de los bancos.

Al hilo de estas consideraciones, podemos analizar las consecuencias que en otros países esta provocando la desaparición de establecimientos equivalentes a las cajas de ahorros españolas, al ser absorbidos por entidades financieras de mayor ámbito. Esta reflexión es importante porque también se han conocido efectos concretos en alguna provincia española que ha visto desaparecer, por efectos de una fusión regional de cajas, su histórica entidad. El mejor exponente de estas nuevas inquietudes ha sido tratado en un reciente artículo de dos economistas de la Reserva Federal Norteamericana, que en sus reflexiones destacan los efectos negativos de procesos de concentración que están teniendo lugar en Estados Unidos. Dos consecuencias se han dado automáticamente: la desaparición de sucursales en pequeñas poblaciones y los problemas, cada vez más serios, que familias de escasos recursos o minorías étnicas encuentran para acceder a un crédito de vivienda. Estos son problemas nuevos, inquietantes, que comienzan a detectarse allí donde desaparece por absorción una pequeña o mediana entidad financiera local.

Precisamente en su apoyo a la vivienda, el papel de las cajas es decisivo en España como grandes financiadores, alcanzando en los últimos años más del cincuenta por ciento de los créditos concedidos, lo que invita a esta pregunta: en una España hipotéticamente sin cajas de ahorros, ¿asumirían los bancos todas las necesidades de crédito hipotecario que reclama la sociedad o, asistiríamos a su redistribución no solidaria? En los años veinte las cajas ya iniciaron la gran operación de promover las llamadas casas baratas, que significaron un paso adelante para amortiguar el siempre presente problema de la vivienda. Hoy, puede demostrarse que las cajas acaparan el crédito hipotecario en España, que desde 1998 viene representando la tercera parte del Producto Interior Bruto. Esto hace que las cajas estén muy cerca de la problemática de las familias, contribuyan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de corte familiar y que el crédito bancario llegue a segmentos sociales que si no existieran las cajas no tendrían las mismas prestaciones, al sufrir situaciones de "exclusión financiera", en un contexto de regresividad en la distribución del crédito.

Garantizando las cajas estos principios de interés para la sociedad, hay otros, en clave interna, que deben respetarse para su buen funcionamiento. Está, primero, la profesionalidad y, también, su independencia, evitando que las entidades actúen como banca pública de la comunidad en la que operan. La profesionalidad es básica, pues allí donde se debilita en un mercado competitivo, castigará a sus rectores con la disminución de resultados y, a medio plazo, la desaparición de la misma. En consecuencia, profesionalidad para que la empresa dure, comprando bien lo que se debe comprar; vender bien lo que se debe vender, producir lo más posible con el menor costo y optimizar los resultados. No siempre se consigue, aunque los controles sean eficientes y rigurosos porque los consejeros en las cajas - que asumen más obligaciones que derechos - al tener mandatos de cuatro años no renovables, por lo general, en el caso de los impositores, o al contar con unos órganos de gobierno renovables cada dos años, que comienzan su andadura en cierta inexperiencia y desconocimiento sobre el funcionamiento interno de una caja, contexto que finalmente traslada a los empleados la responsabilidad de ser los custodios más seguros por su interés real y directo en la supervivencia de la caja para la que trabajan.

Otro riesgo acaba de ser denunciado por el ministro de Hacienda y el director general de CECA, al plantear que los gobiernos de las comunidades autónomas deben evitar toda tentación de intervenir en las decisiones de las cajas, así como su pretensión de convertirlas en bancos públicos regionales, al detectarse en los últimos tiempos una mayor presión a sus órganos de gobierno, planteando asuntos que en puridad financiera no tienen encaje posible. Lo mismo está sucediendo con las obras sociales de las cajas donde las instituciones acuden a equilibrar sus insuficiencias presupuestarias para determinados objetivos políticos, cuando la misión más importante de la Obra Social es garantizar una sociedad civil dinámica y plural, que tome iniciativas de interés general, bien cultural, social o deportivo. Estas situaciones no son ya simples riesgos, sino evidencia de lo que no se debe hacer y sobre lo que juegan un papel importante las representaciones de los impositores, llamadas a tener un peso más sólido e importante en el futuro.

Nota: Los artículos anteriores sobre "Las Cajas, presente y futuro" se publicaron los días 12 y 22 de mayo.

(Publicado en ALERTA el día 9 de Junio de 2001)

 

 

 

 

.